Nunca es fácil perder un teléfono celular bajo ninguna circunstancia: se extravían, los roban y, para la policía, son artefactos llenos de información “privada” muy valiosa que podría tomar mucho tiempo para ser procesada.
NYPD confiscó más de 55,000 teléfonos en 2020, según cifras municipales, y sólo devolvió 60% de ellos. La mayoría de los afectados son jóvenes, mucho menores de edad. Y aunque la cantidad incautada fue inferior a los 90,000 del año anterior a la pandemia, también lo fue el porcentaje devuelto en 2019 (70%).
Niños, padres y defensores de la justicia juvenil entrevistados por The City dicen que cuando se confisca el celular de un joven durante la pandemia, el costo va más allá de la incomodidad y la frustración: pierden un salvavidas para comunicarse, reportar problemas de seguridad, hacer trámites y hasta posiblemente acceder a la escuela.
Y aunque las demandas recientes y la legislación del Concejo Municipal han intentado acelerar la devolución de la propiedad, muchos dicen que los tribunales cerrados y otras restricciones del coronavirus han hecho que recuperar los teléfonos sea más difícil que nunca.
Mientras tanto, algunos abogados que representan a menores se preguntan si los teléfonos siempre son realmente necesarios como prueba en la mayoría de los casos que se confiscan a los adolescentes, mientras aumenta la expansión de las bases de datos de pandillas y ADN, en pleno auge de las redes sociales con acceso telefónico.
Un grupo de defensores de la privacidad ha estado luchando contra el Departamento de Policía de Nueva York en los tribunales para comprender mejor por qué se confiscan los teléfonos celulares a los neoyorquinos y qué sucede cuando se los quitan.
